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Tag: Derechos Humanos

Showing 1–12 of 15 results

  • Morir en el Socialismo del Siglo XXI Tomo V por Rodulfo Gonzalez

    Morir en el Socialismo del Siglo XXI Tomo V por Rodulfo GonzalezInsistiremos en este trabajo hasta el cansancio que la pena de muerte fue abolida legalmente en 1863 por el presidente Juan Crisóstomo Falcón. Ninguna Constitución, ni siquiera la chavista del 15 de diciembre 1999 la restableció; sin embargo, ello no es óbice para que los cuerpos de exterminio tanto del dictador teniente coronel (r) Hugo Chávez, como del narcodictador Nicolás Maduro, asesinen a mansalva, bajo el silencio cómplice del mal llamado defensor del pueblo y del Ministerio Público, a millares de venezolanos, especialmente de los sectores populares, que alguna vez fueron bastiones del chavismo, simulando resistencia a la autoridad.
    La ejecución extrajudicial es un caso de violación a los derechos humanos que consiste en el homicidio de manera deliberada de una persona por parte de un servidor público que se apoya en la potestad de un Estado para justificar el crimen, sin pasar por ningún proceso judicial y pertenece al género de los delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario.
    En los trece años que duró la guerra de independencia hubo en Venezuela al menos 200 mil muertes de ambos bandos. La guerra desatada contra el pueblo por el castro-chavismo-madurismo-militarismo para permanecer atornillado al poder, entre 1999 y 2018 dejó un saldo siniestro de 336.029 muertes, según el informe presentado al país el 30 de abril de 2019. Vale decir que en esos dos decenios 40 personas perdieron la vida cada día por los cuerpos de exterminios de los dictadores Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
    Según escribió la periodista Luisa Quintero, de TalCual, el 9 de marzo de 2021, “Ni la pandemia detuvo el aumento de las ejecuciones extrajudiciales en 2020, según un informe de PROVEA y el Centro Gumilla”, recordando que “Esta grave violación a los derechos humanos ha sido denunciada por la Alta Comisionada Michelle Bachelet y forma parte de los delitos por los cuales es investigado Nicolás Maduro ante la CPI”.La fuente añadió:
    -El Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (PROVEA) y el Centro Gumilla denunciaron que en todo el país se registraron 2.853 ejecuciones extrajudiciales durante 2020, uno de los peores registros de este delito en varios años, principalmente cometidas por la Policía Nacional Bolivariana y su Fuerza de Acciones Especiales (PNB – FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y las policías estadales.

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  • Morir en el Socialismo del Siglo XXI Tomo IV por Rodulfo Gonzalez

    Morir en el Socialismo del Siglo XXI Tomo IV por Rodulfo GonzalezNingún venezolano debería ser asesinado por participar en una manifestación contra la violación de los derechos humanos por parte de los entes que irregularmente detenten el poder o de naturaleza reivindicativa, social, escasez de alimentos, gas, gasolina, diésel y medicinas, brutalidad policial y castrense, malos servicios públicos, etc.

    El artículo 68 de la Constitución Nacional es claro y preciso al respecto: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”.

    No resulta ocioso asegurar que las manifestaciones de los sectores democráticos son pacíficas hasta el momento en que llegan las mal llamadas fuerzas de seguridad a disparar a diestra y siniestra contra los protestantes, al inicio o al final de ellas. Esos funcionarios, pagados con el dinero de todos los venezolanos, muchas veces se retiran del lugar cuando llegan los colectivos del terror a asesinar, a maltratar, a ofender y amenazar a quienes disienten de la narcodictadura. En ocasiones trabajan con esos criminales, pagados también con dinero público, al servicio del régimen y del Partido Socialista Unido de Venezuela.

    Entre el 12 de febrero, inicio de las protestas contra la narcodictadura y el 29 de mayo de 2014, fallecieron 43 personas.

    Algunos colectivos actuaron violentamente en contra de la oposición sin que las fuerzas del gobierno tomaran medida alguna para impedir esa violencia.

    Se denunció el uso de armas de fuego por parte de autoridades para controlar manifestaciones, por estar prohibido por el artículo 68 de la Constitución Nacional, el cual reza: “Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público.

    Amnistía Internacional denunció haber recibido reportes del uso de “balas de goma y gas lacrimógeno disparados en forma directa contra los manifestantes a corta distancia y sin advertencia” y que “estas prácticas violan los estándares internacionales y han resultado en la muerte de por lo menos un manifestante.

    La organización también expresó preocupación por “el uso de químicos tóxicos en altas concentraciones por parte de fuerzas del gobierno”.

    Ha privado la impunidad en la mayoría de los asesinatos.

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  • Morir en el Socialismo del Siglo XXI Tomo III

    Morir en el Socialismo del Siglo XXI: Tomo III por Rodulfo GonzalezMillares de folios suman los informes levantados “in situ” por los expertos de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de exterminio de la corporación criminal instalada fraudulentamente en el Palacio de Miraflores, cuyos resultados prácticos el pueblo no percibe y las recomendaciones consignadas en esos documentos en modo alguno son acatadas, al contrario, los autores materiales de esos crímenes identificados en los mismos, en vez de ser sancionados penalmente el régimen los asciende jerárquicamente.

    En uno de esos informes se recomendó la disolución de la Fuerza de Acciones Especiales, conocida con las siglas FAES, uno de los más siniestros órganos de exterminio del régimen, pero la narcodictadura hizo caso omiso de tal recomendación y, además, encomió a sus componentes y exclamó ¡Viva la FAES!

    En marzo de 2021 a Michelle Bachelet se le ve sonriéndole al narcodictador en una videoconferencia. ¿De qué se reiría?

    Sobre esa repudiable escena que dio la vuelta al mundo, el diario El Nacional, comentó al final del editorial de ese día (5 de marzo) que “La sonrisa de Michelle Bachelet hablando con el dictador es un puñal para quienes esperan verdadera justicia, libertad y democracia y el juzgamiento de quien ha cometido crímenes de lesa humanidad”. Igualmente se preguntó: “Dinos Michelle, ¿qué fue lo que más te dio gracia? ¿Los presos políticos y torturados? ¿Los inmigrantes que mueren en las trochas y caminos huyendo de la crisis humanitaria y la dictadura? ¿Los enfermos sin tratamiento? ¿La devastación social y económica producida por la dictadura más corrupta del continente?

    Puros informes reconociendo los crímenes de la narcodictadura, pero nada de una acción concreta para ponerles fin y sancionar a los culpables en cadena de mando. El más reciente de marzo fue una actualización del anterior y como siempre Nicolás Maduro arreció la represión, como la desarrollada por la Guardia Nacional, la FAES y la Fuerza Aérea contra los pobladores de La Victoria, Estado Apure, en pleno desarrollo, y una diáspora forzada a Colombia superior a las tres mil personas huyendo de los organismos que debería protegerlos, dejando atrás todas sus pertenencias, saqueadas por efectivos de dichos cuerpos mal llamados de seguridad.

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  • Morir en el Socialismo del Siglo XXI Tomo I – Marzo 11, 2021

    Morir en el Socialismo del Siglo XXI: Tomo I por Rodulfo GonzalezEl Estado, conforme a la Constitución, es el garante de la vida de toda persona, independientemente de su condición social, política, cultural, religiosa, racial, etc.

    En efecto, su artículo 43 consagra el derecho a la vida como derecho humano inviolable. Además, el artículo 55 señala; “Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes”.

    Por otro lado, afirma: “Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionario policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley”.

    Igualmente establece que “los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna”.

    El artículo 83 de la Carta Magna declara que “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida”. En consecuencia, “El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios.

    La Constitución también garantiza el derecho a la alimentación en el artículo 305, pero con un menú alimenticio rico en proteínas animales y vegetales, inexistente en las cajas CLAP que contienen harina de maíz precocida, harina de trigo pasta, aceite, lentejas, arroz, productos de mala calidad e insuficientes para que el sector de la población que los adquiere pueda alimentarse adecuadamente.

    En cuanto el derecho a la manifestación, el artículo 68 es claro y preciso al respecto: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”.

    Sobre la misma materia, el artículo 36 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones precisa: “Todos los habitantes de la república tienen derecho de reunirse en lugares públicos o de manifestar, sin más limitaciones que las que establezcan las leyes” y el 38 obliga a “Los organizadores de reuniones públicas o manifestaciones” a “participarlo con veinticuatro horas de participación, cuando menos, por escrito duplicado, en horas hábiles, a la primera autoridad civil de la jurisdicción con indicación del lugar o itinerario escogido, día, hora y objeto general que se persigue”.

    En lo que respecta al trato a los privados de libertad, el artículo 272 señala explícitamente: “El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto de sus derechos humanos”.

    Y en cuanto a lo tocante a la tortura en los establecimientos penitenciarios, el artículo 46 de la Constitución es bien claro: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; en consecuencia: Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

    Ninguno de estos preceptos, en la práctica, benefician a la ciudadanía porque quienes están obligados legalmente a hacerlos cumplir actúan más como funcionarios de la narcodictadura, que como agentes del pueblo en la defensa de sus derechos humanos.

    En el socialismo del siglo XXI ocurre como en la película de Pedro Infante, donde la vida no vale nada.

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    Detalles del producto

    • Editorial ‏ : ‎ Aussie Trading LLC (11 Marzo 2021)
    • Idioma ‏ : ‎ Español
    • Tapa blanda ‏ : ‎ 102 páginas
    • ISBN-10 ‏ : ‎ 1088019390
    • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-1088019399
    • Peso del Artículo ‏ : ‎ 5.1 onzas
    • UNSPSC-Code ‏ : ‎ 55101500
    • Dimensiones ‏ : ‎ 6 x 0.21 x 9 pulgadas

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  • Colección La Guerra del Dictador Hugo Chavez: Contra Comunicadores Sociales y Medios por Rodulfo González

    [caption id="attachment_11490" align="aligncenter" width="712"]Colección La Guerra del Dictador Hugo Chavez: Contra Comunicadores Sociales y Medios de Rodulfo Gonzalez Colección La Guerra del Dictador Hugo Chavez: Contra Comunicadores Sociales y Medios de Rodulfo Gonzalez[/caption]

    Colección de 8 tomos publicada en el año 2018 por el Periodista Eladio Rodulfo Gonzalez que contiene las atrocidades cometidas por esta Dictadura “Cívico-Militar” en contra de los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión en Venezuela entre los años 2004 a 2012.
    Con esta Investigación y Data compilada y Publicada por este periodista, se desmantela la imagen democrática que el régimen intenta vender a través de sus medios propagandísticos a nivel nacional e internacional.
    Pretender borrar la y reescribir la Historia a su manera, es algo que acostumbran los Dictadores, pero imposible por más poder económico que puedan acumular mediante el latrocinio del Tesoro Nacional.

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  • Morir en el Socialismo del Siglo XXI: Tomo II por Rodulfo González

    [caption id="attachment_16694" align="alignright" width="210"]Morir en el Socialismo del Siglo XXI: Tomo II por Rodulfo González Morir en el Socialismo del Siglo XXI: Tomo II por Rodulfo González[/caption]

    Venezuela ostenta entre las naciones del mundo el nada envidiable puesto número 15 en lo que respecta a femicidio, según denunció la diputada a la Asamblea Nacional Mary Mora.
    La parlamentaria explicó que los casos registrados se hacen de manera extraoficial porque la narcodictadura de Nicolás Maduro no contabiliza esos asesinatos, en cuya comisión confluyen muchas causas, entre ellas la impunidad con que actúan los victimarios por el temor de las agredidas a denunciarlos ante las oficinas que procesan los expedientes de maltratos de mujeres existentes en el país, el desconocimiento que tienen muchas de las víctimas de su existencia, porque los órganos gubernamentales competentes no desarrollan campañas informativas al respecto en los medios de comunicación social impresos radiales y televisivos, de manera continua y tampoco pone a disposición de la comunidad folletos, boletines, volantes con miras a prevenir que el maltrato se convierta en homicidio, celopatía, etc.
    Datos publicados en la Web informan: Cada 38 horas hay un femicidio en Venezuela.
    83,3% de los casos sucedieron en el hogar.44,5% de las víctimas estaba en edades comprendidas entre 22 a 42 años.

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  • El Asesinato del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo por Rodulfo González

    [caption id="attachment_16684" align="alignright" width="210"]El Asesinato del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo por Rodulfo González El Asesinato del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo por Rodulfo González[/caption]

    Aunque en Venezuela existe desde el 22 de julio de 2013 una Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, hasta el 30 de enero de 2020 los cuerpos de represión de la narcodictadura de Nicolás Maduro torturaron hasta producir su muerte a 72 prisioneros. En septiembre esa cifra debe haber ascendido, a pesar de los informes de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, quien en su exposición sobre la marcha de los derechos humanos hecha en el 45 período de sesiones del Consejo de DD.HH, que realizó el 16 de ese mes manifestó su preocupación por los “altos números” de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad y señaló que basado en un análisis de fuentes abiertas de su oficina en el país se registró 711 muertes de julio agosto de 2020 y desde enero hasta esa fecha, 2000.

    Cabe advertir que, en el referido informe de la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas de determinación de los hechos sobre Venezuela, se detallan once casos en los que la misión llega a la misma conclusión: que tiene “motivos razonables para creer que se cometieron ejecuciones extrajudiciales”, principalmente en manos de la FAES, una fuerza policial que recomienda desmantelar “dado el alto número de ejecuciones extrajudiciales realizadas”.

    Irónicamente bajo este ignominioso régimen se aprobó esa ley, que hasta 2020 no se ha aplicado debido a la negligencia criminal de la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo que no la han invocado ni siquiera en casos como el del Capitán de Fragata Rafael Ramón Acosta Arévalo, asesinado por funcionarios de la siniestra Dirección General de Contra Inteligencia Militar, que fue denunciado ante la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, a los cuales se les juzgó por una ley ordinaria.

    Al respecto, la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, sanciona con pena de hasta de 25 años a quien incurra en esta conducta.

    Para obviar la cadena de mando los tribunales han aplicado en casos de esa naturaleza debidamente comprobados, como los asesinatos por tortura del concejal Fernando Albán, que el régimen calificó de suicidio, y el del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo torturado hasta la muerte por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. A los presuntos culpables se les aplicó el Código Penal.

    Sin embargo, el informe presentado por la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, identificó como responsables de la violación de los derechos humanos de prisioneros y manifestantes al narcodictador Nicolás Maduro, sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López, y del Interior y Justicia, Néstor Reverol y a los directores y jefes de los cuerpos represivos.

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  • El año 2007 fue fatal para la libertad para la libertad de expresión pues el 27 de mayo, en contra de la opinión nacional e internacional La Dictadura cerró definitivamente a la estación televisiva más antigua del país, Radio Caracas Televisión, apropiándose de los equipos de la estación.

    [caption id="" align="alignright" width="336"]La Guerra del Dictador Hugo Chavez: Contra Comunicadores Sociales y Medios en el 2007 por Rodulfo Gonzalez La Guerra del Dictador Hugo Chavez: Contra Comunicadores Sociales y Medios en el 2007 por Rodulfo Gonzalez[/caption]

    Lo propio haría después con Radio Caracas Televisión Internacional por negarse a transmitir las kilométricas y arbitrarias cadenas del Dictador Hugo Chavez.

    Las amenazas del Tribunal Inquisitorial del régimen, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, dieron luz a la autocensura en los medios audiovisuales para evitar sanciones.

    El entonces director de Telesur, Andrés Izarra, sugirió el establecimiento de la hegemonía comunicacional.

    Continuó el impedimento a los medios privados de hacerle cobertura a los eventos de la dictadura.

    Venezuela se situó entre los tres países latinoamericanos con mayores dificultades para el ejercicio del periodismo. Continuaron las agresiones verbales y físicas contra comunicadores y medios por parte de las fuerzas de seguridad, especialmente la Guardia Nacional y la Policía Nacional.

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    https://youtu.be/il-JCrfigiE

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  • El Asesinato de Fernando Alban por Rodulfo Gonzalez

    [caption id="attachment_16659" align="alignright" width="210"]El Asesinato de Fernando Alban por Rodulfo González El Asesinato de Fernando Alban por Rodulfo González[/caption]

    El asesinato del concejal, por el Municipio Libertador, Fernando Albán, ocurrido el 8 de octubre de 2018, fue la segunda víctima de una trilogía de crímenes de lesa humanidad cometidos por la narcodictadura de Nicolás Maduro, que tuvieron relevancia nacional e internacional, la cual comenzó el 15 de enero de 2018 con el asesinato del inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Óscar Pérez, durante la siniestra Masacre de El Junquito, que ya estudié y publiqué y, finalmente, el crimen del capitán de navío Rafael Acosta Arévalo.

    Los dos últimos asesinatos tienen en común que sus muertes fueron productos de salvajes torturas nunca conocidas en Venezuela y a los autores materiales se les aplicó, al juzgarlos, el Código Penal y no La Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes surgida del seno de la Asamblea Nacional presidida por Diosdado Cabello el 4 de julio de 2013, con vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de fecha 22 del mismo mes y año.

    Por fortuna esos delitos no prescriben y llegará el momento de la aplicación justa de la ley, aunque la ineficiente Corte Penal Internacional no ha atendido las múltiples que contra la narcodictadura de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad han formulado ante ese tribunal instituciones nacionales y multilaterales. Tampoco la instancia pertinente de la Organización de Naciones Unidas, a cuyos representantes en el país se les ha acusado de incumplir sus funciones y de habituales visitas al palacio de Miraflores.

    Para el fiscal general de la narcodictadura, Tarek William Saab, la muerte del concejal Fernando Albán tuvo como causal el suicidio, tesis que esgrimió sin haberse realizado una investigación independiente, pero para familiares, copartidarios, especialistas y el ex director del temible Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, se trató de un asesinato, al ser arrojado su cuerpo al vacío desde uno de los pisos de la sede de ese cuerpo represivo en la plaza Venezuela, de Caracas.

    La ausencia del mal llamado defensor del pueblo, Alfredo Ruiz Angulo, como en todos los casos de violación de derechos humanos de los prisioneros políticos de la narcodictadura ventilados públicamente, fue notoria, lo cual no es de extrañar, porque esa ha sido la conducta adoptada por sus antecesores en el cargo, otro apéndice más del régimen.

    Luego de su detención, el 5 de octubre de 2018, apenas vivió tres días. Muerte rápida.

    Es el propósito de esta monografía visibilizar para la lectoría la mayor parte de los datos que sobre ese caso yacen almacenados en diferentes espacios virtuales de la Web.

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  • El artículo 53 de la Carta Magna que garantiza el derecho a protestar pacíficamente y sin permiso previo ha sido letra muerte durante la gestión del narco dictador Nicolás Maduro y,

    [caption id="attachment_13251" align="alignright" width="252"]Los Ojos apagados de Rufo por Rodulfo Gonzalez Los Ojos apagados de Rufo por Rodulfo Gonzalez[/caption]

    por lo tanto, sus cuerpos oficiales de represión, que no de seguridad, como lo establece la ley, y los círculos del terror, han dejado una estela de muerte y lesiones graves en los ojos, el rostro espalda, manos, piernas, pecho, etc. durante las manifestaciones cívicas que en apego a la Constitución de la República ha desarrollado la ciudadanía para protestar por la falta de libertad, la debilitada calidad de vida, la escasez de alimentos y medicina y los ineficaces servicios públicos. La barbarie represiva, la impunidad, el despido laboral, carencia de gas y agua, etc.

    Pero una cosa es lo que estable la Constitución en materia de manifestaciones y otra totalmente distinta, que niega ese de derecho, es la actuación de los órganos represivos de la narco dictadura, incluidos los siniestros colectivos, al satanizarlas y penetrarlas para provocar la violencia y actuar en consecuencia, con saldos generalmente trágicos que la Defensoría del Pueblo, menos todavía la ilegítima Fiscalía General de la República, investigan a los fines de aplicar las sanciones correspondientes.

    En la tarde del trágico 1 de julio de 2019 el adolescente Rufo Chacón Parada, en compañía de su madre, un hermano y vecinos de la localidad de Táriba, Estado Táchira, manifestaba pacíficamente para que el régimen le suministrara el gas que se requería para cocinar los alimentos, con las únicas armas de su voz y la bombona vacía, que los funcionarios de la Policía del Estado Táchira consideraron letales y por lo tanto procedieron a agredirlo a quemarropa sobre su rostro con 52 disparos de perdigones privándolo de la visión.

    El Internet se encargó de denunciar ante el mundo la terrible agresión policial contra un adolescente de 16 años, que ya había culminado sus estudios secundarios y se preparaba para obtener el respectivo título de bachiller para cursar la carrera de ingeniería de sistemas.

    Las redes sociales se ocuparon igualmente de promover la búsqueda de solidaridad para Rufo y de que el caso no quedara impune como muchos otros cometidos por funcionarios de la narco dictadura con la complicidad criminal de la ilegítima Fiscalía General de la República, uno de los brazos legales del régimen para invisibilizar las tropelías oficiales contra los derechos humanos en todas sus modalidades.

    Los autores materiales de la agresión fueron identificados como Javier Blanco y Henry Ramírez quienes también son señalados de golpear a otra adolescente de catorce años que también participaba en la manifestación.

    Adriana Parada, la madre de Chacón, denunció que el 12 de julio, cuando asistió a los tribunales para llevar a cabo la prueba anticipada necesaria para la investigación, conoció que los funcionarios detenidos ya no se encontraban bajo la custodia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), sino que se encontraban a cargo de Politáchira, el cuerpo al que pertenecían, gozando de protección y trasladados de manera ilegal sin orden del tribunal.

    Como autores intelectuales de esta salvaje agresión hemos identificado al narcodictador Nicolás Maduro, el narcogeneral Néstor Reverol, ministro del Interior, Justicia y Paz, ambos funcionarios solicitados internacionalmente por la justicia norteamericana desde el 26 de marzo de 2020.

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  • La Guerra del Dictador Hugo Chavez: Contra Comunicadores Sociales y Medios en el 2008 por Rodulfo Gonzalez

    [caption id="" align="alignright" width="221"]La Guerra del Dictador Hugo Chavez: Contra Comunicadores Sociales y Medios en el 2008 por Rodulfo Gonzalez La Guerra del Dictador Hugo Chavez: Contra Comunicadores Sociales y Medios en el 2008 por Rodulfo Gonzalez[/caption]

    Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional han socavado la libertad de expresión a través de diversas medidas destinadas a influir en el control de los medios y en el contenido de su programación.

    Igualmente han ampliado y endurecido las sanciones por delitos que penalizan el ejercicio de la libertad de expresión, han implementado una ley sobre difusión de radio y televisión que permite la suspensión arbitraria de canales sobre la base de una definición amplia de “incitación”, han limitado el acceso a información pública, y han abusado del control gubernamental de las frecuencias radioeléctricas para castigar a canales que emiten una programación abiertamente crítica.

    A estos señalamientos hay que añadir el informe del Relator Especial de la Organización de Estados Americanos donde se denuncia la utilización recurrente de procesos penales contra periodistas por desacato, difamación, calumnia o injuria.

    En 2008, Venezuela presenció además de la muerte de Gerges, la del periodista Dimas Medina, colaborador de El Nacional, hecho ocurrido en Barinas.

    Según Andrés Cañizalez, representante de RSF en Caracas, también hubo 17 hechos de agresión física o verbal por parte de uniformados militares o policiales, y otros 9 casos de agresiones protagonizadas por personas simpatizantes del gobierno.

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  • La Guerra del Dictador Nicolas Maduro: Contra los Comunicadores Sociales y Medios en 2014 por Rodulfo Gonzalez

    [caption id="" align="alignright" width="244"]La Guerra del Dictador Nicolas Maduro: Contra los Comunicadores Sociales y Medios en 2014 por Rodulfo Gonzalez La Guerra del Dictador Nicolas Maduro: Contra los Comunicadores Sociales y Medios en 2014 por Rodulfo Gonzalez[/caption]

    2014 había sido hasta entonces el año de más agresiones contra los comunicadores sociales y medios desde 2002, fecha de la renuncia del dictador Hugo Chávez Frías a la presidencia de la República anunciada por el general Lucas Rondón la noche del 12A.

    Hasta el 27 de noviembre se registraron 552 violaciones a la libertad de expresión.

    Además, 351 trabajadores de los medios e infociudadanos sufrieron restricciones a su derecho a la libertad de expresión, hecho que afecta también la posibilidad de la sociedad a conocer información de interés público.

    Igualmente a la fecha salieron de circulación cinco periódicos por falta de y catorce redujeron sus páginas tuvieron reducción en su paginación.

    Ese mismo mes los medios registraron el hostigamiento del dictador Nicolás Maduro al canal de televisión Televen y la solicitud que éste hiciera a Jacqueline Faría, ministra de comunicación para que convocara una vez más a los dueños de las empresas televisivas al objeto de ponerles en claro lo que es el respeto a la Constitución y la ley.

    “Empiece por Televen”, le ordenó.

    Y desde Venezolana de Televisión, que debería ser el canal de todos los venezolanos, convertido en una herramienta del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela para agredir verbalmente a los sectores democráticos, el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en su programa “Con el Mazo Dando” hostigó a varias ONG, entre ellas a Espacio Público y atacó a varios periodistas de El Nacional.

    Ese año Gastón Guisandes introdujo ante la Asamblea Nacional un Proyecto de Ley de Comunicación que de haber sido aprobado habría desprofesionalizado al periodismo y eliminado el Colegio Nacional de Periodistas.

    Aparte de la censura y el hostigamiento a los comunicadores sociales y medios, se produjo el cierre de emisoras de radio por parte de la siniestra Comisión Nacional de Telecomunicaciones, acompañada de círculos del terror y la funesta Guardia Nacional.

    Vendrían peores momentos en los siguientes años para el disfrute de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.

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